Autocultivo: una mirada desde la salud pública y la paz

El uso de sustancias psicoactivas es una práctica que ha hecho parte de la humanidad en diferentes culturas desde el principio de la construcción de las sociedades; estos usos han tenido fines rituales, espirituales, medicinales y/o recreativos dependiendo tanto de la cultura como de la sustancia. (Pollan, 2018).

El proceso de integración cultural que se desarrolló con la globalización expandió las sustancias y las prácticas de consumo por el mundo, y posteriormente, fueron acogidas bajo las lógicas de mercado, ampliando los usos no atravesados por los universos simbólicos de las culturas de origen.

 

El desarrollo de la modernidad comenzó a identificar prácticas humanas bajo la lupa de problemáticas sociales, cruzando por medio de disciplinas emergentes las construcciones éticas de la sociedad moderna, así, lo que bajo el entendido moral de la sociedad presentaba dificultades, fue entregado a la medicina o al derecho como objeto de tratamiento. En este marco, las sustancias psicoactivas cobran relevancia, ya que la ética moderna, basando el sujeto en la razón, buscó ponerle límites a todo aquello que directamente la afectara. Esta misma lógica, en su desarrollo en el siglo XX, implicó que el uso de sustancias psicoactivas fuera objetivizado, bien fuera como delito o como enfermedad, pero en los dos casos contrario a la moral moderna.

La prohibición del consumo de sustancias psicoactivas toma especial fuerza en la década de los 70’s del siglo XX, cuando Estados Unidos, en cabeza del presidente Richard Nixon, declara la guerra a las drogas. En esta medida, una de las potencias económicas y armamentistas más representativas del mundo declaró la guerra a una práctica humana, presente en todas las culturas. Este ejercicio de prohibición llevó a un tratamiento principalmente penal en lo jurídico y de internación hospitalaria en lo sanitario, afectando principalmente las libertades, vidas y dignidad de usuarios de sustancias y campesinos productores.

Este abordaje, con más de 50 años en su ejercicio, ha demostrado en la actualidad no ser útil como medida sanitaria o social, ya que, pese al despliegue securitario, el uso y producción de sustancias psicoactivas ha aumentado significativamente en el planeta desde que se le declaró la guerra. En los últimos años, algunos países como Uruguay, Canadá, Estados Unidos entre otros, han buscado modificar esta lógica persecutoria por su costo humanitario e inefectividad sanitaria, dando cuenta de avances técnicos en el tratamiento del fenómeno de uso de drogas, acompañando a consumidores y productores desde lógicas no prohibicionistas y enfocando la producción en la regulación y el consumo en la reducción de riesgos y daños. 

 

 

La aplicación de la guerra contra las drogas en Colombia ha generado más problemáticas sociales de las que ha intentado solucionar, ya que la determinación de erradicar las drogas como objetivo público ha implicado hasta la actualidad acciones de guerra que han profundizado el conflicto social, político y armado colombiano y con este la brecha social que lo acompaña.

De igual forma, en términos de salud pública, la internación y la búsqueda de la abstinencia total ante el consumo de sustancias como objetivo terapéutico no ha significado ni estadística ni técnicamente un mayor avance. El uso de sustancias, en esta medida, es un fenómeno que, dependiendo el abordaje político que reciba, puede implicar afectaciones sistemáticas de los derechos humanos y mayores costos que beneficios para la sociedad de cuenta de la acción estatal.